Violencia de Género y Dictadura Militar en Chile.

Recuperamos una reflexión de nuestra compañera Valeria Maturana respecto a la violencia de género en el contexto de dictadura militar, donde nos invita a ampliar nuestra lectura de los horrores, incorporando la vivencia de las mujeres violentadas por el Estado y, a través de ello, ampliando nuestra interpretación sobre el impacto social de los crímenes de lesa humanidad promovidos por la Junta y su aparato político- militar.

Mujeres

Durante la dictadura militar en nuestro país, miles de mujeres fueron víctimas de la prisión política y la tortura como parte de la política de terrorismo de Estado adoptada por el régimen de Pinochet y la Junta de Gobierno contra la mayor parte de la población chilena. Sin embargo, la violencia de género instaurada, no sólo iba dirigida a castigar a través de la prisión y la tortura a las mujeres militantes de organizaciones políticas, movimientos políticos o de participación activa por su sola condición de mujer, sino también fue utilizada como un mecanismo de control, orden y sumisión para toda la población chilena, basado en un modelo patriarcal de sociedad. Ambos elementos configuraron que la represión hacia las mujeres durante la dictadura fuera una estrategia más de dominación ideológica, política, psicológica y social hacia nuestro pueblo.

La violencia de género es considerada por las Naciones Unidas como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive amenazas de tales actos, la coacción o la privación de la libertad, tanto si se produce en la vida pública o privada” (Art. 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 1994).

Por su parte desde 1949, el Convenio de Ginebra prohíbe la violación y otras formas de violencia sexual contra las mujeres prestando a través de sus 19 disposiciones legales protección especial a las mujeres embarazadas, a las madres lactantes y a las madres en general, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia sexual en contextos de conflicto armado.

Desde los inicios de la dictadura militar se cometieron actos de violencia -desde violencia psicológica hasta violencia sexual[1]– a las prisioneras políticas, incluyendo menores de edad y embarazadas. Los diversos métodos de tortura utilizados contra las mujeres buscaron mostrar el poder masculino por sobre el femenino, además de utilizarlo como apremio para los presos hombres al presenciar las violaciones a las que eras sometidas esposas, hijas, madres, parejas, amigas y/o compañeras. Cabe señalar que el Informe sobre Verdad y Reconciliación de 1990, más conocido como “Informe Rettig”, que buscó esclarecer “la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990”, no hace mención especial a este tipo de violación de derechos humanos contra mujeres, sino que es a través de presiones de las propias víctimas, organizaciones de mujeres y de derechos humanos, las que logran visibilizar este tipo de violencia, llevando a que en el año 2004 la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (llamada también “Comisión Valech”) catalogara la violación sexual como una de las formas más brutales de violencia y otorgara un apartado especial denominado “Violencia sexual contra mujeres”.

Para esta Comisión, en base a lo estipulado por la Corte Penal Internacional en 1998, la violencia sexual se considera como un crimen de guerra o crimen de lesa humanidad y no como un simple crimen contra la dignidad de la persona, ya que trae consecuencias traumáticas a nivel sexual, emocional, físico y moral. En este sentido, la violación es un ataque contra la dignidad personal y constituye una tortura cuando “es infligida, instigada o llevada a cabo con el consentimiento o la pasividad de un funcionario público u otra persona que actúa en representación oficial; busca dolores o sufrimientos para intimidar a la víctima, obtener información, denigrarla o castigarla por actos reales o supuestos atribuidos a ella o a miembros de su familia o para proporcionar satisfacción al victimario bajo condiciones de abuso y desprotección absoluta de la víctima” (Informe Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2004).

En su informe, la Comisión Valech señala haber recogido 3.399 testimonios de mujeres, que constituyeron un 12,5% del total de declarantes. Casi la totalidad de las mujeres señalaron haber sido víctimas de violencia sexual, sin distinción de edades. 316 mujeres señalaron explícitamente haber sido violadas en reiteradas ocasiones por sus captores, incluyendo niñas, adolescentes y embarazadas. Cabe destacar que la misma Comisión reconoce que los relatos de mujeres sobre las agresiones sexuales de las que fueron víctimas, surgieron de manera espontánea por parte de ellas al momento de declarar y que no fue intencionado por la Comisión su conocimiento, igualmente niega que las situaciones vividas por las mujeres víctimas de prisión políticas y la tortura haya sido por su condición de mujer sino que únicamente por su condición de militantes política de algún partido o movimiento. A partir de lo anterior, cabe preguntarse cuántas del total de mujeres prisioneras del régimen militar vivieron esta situación y que hasta el día de hoy no pueden enfrentar dicha realidad y más aún que las medidas de reparación para las víctimas de la violencia política del Estado de Chile, durante el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, propuestas no la han considerado como una acción concertada por parte de los agentes de Estado, en tanto amerita una reparación que considere la perspectiva de género. Menos consideración aún se ha tenido con las niñas y niños víctimas también de esta política del terror y de los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura. Al menos en el informe de esta Comisión se reconoce la existencia de víctimas menores de edad e incluso de neonatos.

Claramente el régimen militar utilizó la violencia como un método de ordenamiento social en base a valores como el respeto a la autoridad, la jerarquía y el orden social. En este sentido la violencia de género instaurada buscaba, no sólo a través de los métodos de tortura sexuales, hacer ver la subordinación de las mujeres ante los hombres. De esta manera se le reasignó un valor tradicional a la mujer, exacerbando su rol de cuidadora de la familia e hijos/as y pilar fundamental de la sociedad. En cuanto a las mujeres “subversivas” eran sometidas a castigos para demostrar al resto de población las consecuencias de su actuar y como método de disciplinamiento y superioridad en la relación desigual de los géneros. La visión de la mujer como objeto funcional en la sociedad y no como sujeto de derechos, fue instaurada por medio de la violencia en sus manifestaciones más crueles y con una gran repercusión en la vida íntima de miles de mujeres, así como también causando daño social a través de dichos crímenes de lesa humanidad, dejándonos en legado de prominencia de los roles masculinos y la utilización de la fuerza como control en lo privado y en lo público y como parte de una herida que para sanar necesita de verdad, memoria, justicia y reparación.


* La foto de portada corresponde a las mujeres prisioneras políticas de La Serena, tomada el 20 de diciembre de 1973 en la Ex cárcel del Buen Pastor de esta ciudad. 


[1] El informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura considero los siguientes tipos de agresión sexual, según los testimonios recogidos, “agresión verbal con contenido sexual; amenazas de violación de su persona o de familiares suyos; coacción para desnudarse con fines de excitación sexual del agente; simulacro de violación; obligación de oír o presenciar la tortura sexual de otros detenidos o de familiares; fotografiarse en posiciones obscenas; introducción de objetos en ano o vagina; violación en todas sus variantes (penetración oral, vaginal, anal); violaciones reiteradas, colectivas o sodomíticas; haber sido forzado a desarrollar actividades sexuales con otro detenido o un familiar; introducción de ratas, arañas u otros insectos en boca, ano o vagina; obligación de mantener sexo con perros especialmente adiestrados para este cometido”.

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